DURANTE EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) se puso en práctica en la monarquía hispánica el proyecto político-administrativo contenido en la Constitución de 1812 que poseía una clara vocación homogeneizadora: ciudadanos iguales con los mismos derechos y obligaciones en una monarquía que ponía fin a los particularismos locales y trazaba los límites de una nueva división provincial igual para todos. Sin embargo, la aplicación de la misma ley a una realidad tan diversa como la de los territorios peninsulares y los de ultramar produjo multitud de efectos diferentes en virtud de los ritmos, protagonistas y circunstancias en los que se desarrolló el proyecto revolucionario sobre cada territorio.