La Constitución en su artículo primero proclama la libertad como uno de los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Pese a su papel capital en cualquier sociedad democrática, las Administraciones públicas se han apoyado en el orden público y, más recientemente, en la dignidad de la persona, para justificar medidas de limitación de la libertad. El presente libro aborda cuatro cuestiones (vestimenta, comunicación comercial y audiovisual, ocio y uso de banderas) donde se analiza y observa la extrema dificultad que supone para la autoridad pública el tener que trazar, desde el mundo del Derecho, una frontera coherente entre el debido respeto al citado valor constitucional y la necesidad de preservar la moral pública.