El texto analiza la creciente necesidad de proteger los secretos empresariales frente a las amenazas que plantea el desarrollo tecnológico, el cual facilita nuevos métodos de captación de información. Se argumenta que la información y el conocimiento adquirido por una empresa (su «patrimonio inmaterial») son un activo valioso, susceptible de ser explotado económicamente, y que atrae a competidores que buscan obtener ventajas sin el esfuerzo económico o laboral correspondiente. El ordenamiento jurídico debe, por tanto, proteger la libre competencia y el derecho de las empresas a progresar según sus propios méritos. La vía más efectiva, según el texto, es la tipificación penal. El análisis se centra en el delito de revelación de secretos de empresa, regulado en los artículos 278 a 280 del Código Penal español. Esta protección va más allá de la mera indemnización civil, ya que la sustracción de secretos no solo perjudica económicamente a la empresa víctima, sino que también altera el sistema de oferta y demanda, afectando al mercado en su conjunto.
El estudio se propone definir el concepto clave de «secreto empresarial» (información que otorga una ventaja competitiva) y diferenciarlo de los delitos contra la intimidad personal (Art. 197). Se detallan las tres modalidades delictivas principales: el espionaje industrial o apoderamiento ilegítimo (Art. 278), la vulneración del deber de guardar secreto por parte de quien tiene acceso legítimo —como un empleado— (Art. 279), y el uso de un secreto sabiendo que su origen es ilícito (Art. 280). Finalmente, el estudio justifica la intervención del Estado en esta materia. Si las empresas no gozan de protección legal, se ven obligadas a invertir costosos recursos en autoprotección, restando capital a la inversión en I+D e innovación. Esto frena el crecimiento económico y el bienestar social, una preocupación compartida a nivel europeo. El análisis propuesto utilizará legislación, doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para delimitar el alcance de estos delitos.