Con el presente trabajo se trata de poner de manifiesto las especialidades que la contratación pública local tiene en España. Se analiza el pasado, el presente y lo que puede ser el futuro de la contratación pública en el ámbito local, teniendo en cuenta la transposición de las Directivas Comunitarias denominadas de Cuarta Generación y la tramitación del Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público. De dicho estudio se extraen una serie de conclusiones acerca de la importancia de la contratación pública local y su grado de afección en la sociedad y la problemática que la rodea, haciendo especial hincapié en la falta de medios personales y materiales con que cuentan las entidades locales españolas, así como la incidencia que la crisis económica ha tenido en los contratos locales. Como el propio título indica, se trata de evidenciar los avances de la regulación de la contratación local, tales como la eliminación del procedimiento negociado por razón de la cuantía, práctica recurrente que ha pervertido los principios de la contratación pública y que puede pasar a ser sustituido por el denominado procedimiento abierto simplificado; la importancia en el control en la ejecución de los contratos; la obligatoriedad de dar publicidad a las actuaciones contractuales evitando el ocultismo que ha sido tan pernicioso en los últimos años; y otras muchas cuestiones que han supuesto un acierto en su evolución legislativa. Pero tampoco se pueden olvidar los retrocesos con que todavía nos encontramos, entre los que se destacan la regulación del recurso especial en materia de contratación, únicamente para los contratos que alcancen un determinado umbral económico, lo que supone una discriminación en cuanto a la tutela de los licitadores locales; la falta de una regulación más exhaustiva de los conflictos de intereses que tanto se prodigan en el ámbito local; la falta de exigencia legal de profesionalización de los miembros de las mesas de contratación o el abuso en muchas ocasiones de la figura de los contratos menores. En definitiva, la finalidad es transmitir la importancia que para el conjunto del país y de las cuentas públicas, tienen las actuaciones que realicen cada uno de los entes locales en la materia contractual, de tal forma que para aquellas cuestiones que el legislador no ha reparado, sea el propio ente local, el que fomente como realidad en los contratos públicos, los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación. Con ello, al menos en el ámbito contractual, se conseguirá una buena administración.