Este libro analiza, monográficamente, el precepto de la Carta Social Europea regulador de la inspección de trabajo, según el cual «cada Parte contratante dispondrá de un sistema de inspección de trabajo adecuado a sus condiciones nacionales». El análisis se efectúa realizando un estudio comparado de los ordenamientos nacionales español, francés y portugués. La vía utilizada para llevarlo a cabo, con algunos resultados realmente sorprendentes e inquietantes, ha sido la del control de informes gubernamentales por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales, dado que en España (a diferencia de Portugal y Francia) no resulta aplicable la vía procedimental del examen de quejas colectivas, abierta a los sindicatos.