La crisis global que emerge a partir del año 2007, muestra una realidad social e institucional que invita a considerar la oportunidad de investigar acerca de las políticas dirigidas a la inserción social y laboral de colectivos vulnerables. En España esta crisis, considerada global puesto que afecta a las distintas esferas de la vida económica y social, impacta sobre un ya maltrecho Estado de Bienestar, caracterizado por la fragilidad de los sistemas de protección social y por la precariedad del empleo. A esta situación, se suma identificar la pérdida del empleo y el empeoramiento en las medidas de protección social como efectos inmediatos derivados de las respuestas institucionales a la crisis, las cuales provocan el crecimiento de la vulnerabilidad social y la exclusión en extensión y en intensidad.